La ONG Human Rights Watch consideró que el Grupo de Lima, conformado por Canada y países latinoamericanos, ha llenado el vacío que dejó la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos frente al a crisis venezolana.
El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, destacó que la aparición de esta agrupación compensó el abandono de los derechos humanos que caracterizó la era Trump.
“Tradicionalmente los gobiernos latinoamericanos no criticaban la situación de sus derechos humanos, se veía como algo que hacía Washington y un símbolo de su imperialismo, pero de forma muy positiva varias democracias se unieron en el Grupo de Lima, primero frente a Venezuela y luego ante Nicaragua“, comentó Roth a la agencia EFE.
“Ello muestra que el interés de las democracias latinoamericanas en los derechos humanos no depende de Washington” y a la postre hizo que la defensa de los derechos y libertades en la región se hiciera más fuerte que si la hubiera encabezado EEUU, consideró el activista.
“Nicolás Maduro querría haber tenido un combate mano a mano con Trump, pero todos sus vecinos se levantaron por los derechos humanos, por lo que ya no era una cuestión política, sino de decencia”, agregó.
El informe resalta cómo el Grupo de Lima, formado en 2017 por once países latinoamericanos más Canadá, tuvo importantes logros como el de presionar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (del que EEUU se retiró con la llegada de Trump) para que investigara la represión en Venezuela.
Además, seis de los miembros del Grupo de Lima solicitaron a la Corte Penal Internacional (sancionada por Washington) que investigara presuntos crímenes contra la humanidad por parte del régimen de Maduro.
Roth también destacó el liderazgo diplomático que han tenido los países latinoamericanos para aislar a la dictadura chavista.
Maduro “continúa con su represivo gobierno, pero está mucho más aislado de lo que lo hubiera estado si se hubiera mantenido únicamente la tradicional presión unilateral de EEUU“, destaca Roth en el prólogo del informe.
El Grupo de Lima también está presionando al Consejo de Derechos Humanos para que el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega sea investigado por posibles ataques a los derechos más elementales.
